«Teodorín», con su lujoso tren de vida y su inclinación por la corrupción salía en las portadas de los periódicos en Brasil con frecuencia. En una de esas ocasiones, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial intentó entrar en Sao Paulo sin declarar bienes valorados en 16 millones de dólares. La mercancía, incluyendo docenas de relojes, fueron incautadas y él fue liberado. También en 2018 un ático de 14 millones de euros fue comprado por «Teodorín» en una zona exclusiva de Sao Paulo, fue multado con 88 mil dólares por remodelar ilegalmente el ático.
Gracias a sus animadas cuentas en redes sociales, el vicepresidente guineano deleita al mundo entero cada año con sus inevitables viajes al Carnaval de Río. En 2015, la escuela de Samba que se coronó como ganadora, recibió fondos para organizar un desfile en honor a Guinea Ecuatorial. Un artículo de O Globo indicó que las empresas brasileñas que invierten en Guinea Ecuatorial financiaron el costo de 3,5 millones de euros del desfile, un pequeño favor ante los lucrativos contratos valorados en cientos de millones de dólares que reciben en Guinea Ecuatorial.
El firme apoyo del Brasil a la adhesión de Guinea Ecuatorial en la CPLP no fue una sorpresa. En 2018 un juez federal de Sao Paulo abrió una investigación por presunta corrupción contra el expresidente Lula Da Silva. El presidente de Guinea Ecuatorial buscaba el apoyo de Lula en su intento de unirse al CPLP. Para ello, beneficiar a las empresas brasileñas en Guinea Ecuatorial resultó ser una estrategia que dio resultado. Una empresa en particular fue beneficiaria, ARG, encabezada por Rodolfo Geo, y que fue recomendada por Lula en una carta firmada por el expresidente en mayo de 2012.
Unos meses más tarde, en diciembre de 2012, parece que la compañía se adjudicó un contrato de 264 millones de euros en Guinea Ecuatorial. Cabe señalar que ARG, Queiroz Galvao y OAS -implicadas en el caso Lava Jato- fueron adjudicatarias de contratos en Guinea Ecuatorial por la agencia nacional de infraestructuras públicas encabezada por la hija del presidente, Francisca Nguema Jiménez. Estos contratos alcanzaron casi los 2.000 millones de euros (1.800 millones).
