El Vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue ha demostrado una vez más su habilidad para el populismo barato en su última publicación en X (anteriormente Twitter). Exigió al Primer Ministro de la Coordinación Administrativa, Manuel Nsue Osa que promulgue un decreto para prohibir a los miembros del gobierno nombrar a sus familiares en puestos administrativos o en el gabinete, así como tener vínculos con las empresas que gestionan proyectos ministeriales. Sin embargo, esta exigencia, revestida de falsa autoridad moral, resulta vacía al considerar la historia de nepotismo que ha caracterizado al régimen del cual Teodorín forma parte.
No tiene razón para exigir la promulgación de dicho decreto sin antes practicar el ejemplo. Recibiría el apoyo tanto de la población como de los críticos si él y su familia fueran los primeros en aplicar estas normas. Además, habría que recordarle que en 2004 se promulgó el Decreto-Ley Nº 1/2004, de 5 de febrero, sobre la ética y dignidad en el ejercicio de la función pública. Esta norma pretendía eliminar los conflictos de interés públicos y privados, es decir, poner fin a la actividad empresarial por parte de los titulares de los poderes públicos. Sin embargo, esta ley ha sido sistemáticamente violada no solo por los actores políticos del país, sino también por los miembros de la familia de Obiang, con total impunidad.
Durante una reunión celebrada ayer con miembros del gobierno, encabezados por el Primer Ministro, Teodoro Nguema Obiang Mangue dio instrucciones para la creación de dicho decreto. No obstante, resulta irónico que la demanda provenga de quien forma parte de una familia que ha estado en el poder durante décadas, ocupando cargos públicos sin consecuencias y beneficiándose del mismo sistema de corrupción que ahora pretende criticar.
Es crucial subrayar que, si Teodorín realmente estuviera comprometido con la lucha contra la corrupción, este decreto debería extenderse a todos los miembros del gobierno, incluida su propia familia. En consecuencia, sería lógico que él mismo y sus hermanos presentaran su dimisión, ya que han sido favorecidos por el mismo nepotismo que ahora condenan.
Cabe recordar que en 2021 se aprobó la Ley sobre la prevención y lucha contra la corrupción en Guinea Ecuatorial. Esta ley, en teoría, establece normas de conducta para salvaguardar el patrimonio público y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Sin embargo, como suele suceder en regímenes autoritarios, estas leyes parecen ser más un decorado que una verdadera herramienta de justicia. Las leyes están para aplicarse, no para alimentar discursos populistas que buscan desviar la atención de la corrupción estructural que corroe al país.
También es oportuno recordar a Teodorín la obligación de que todos los miembros del ejecutivo, incluida su familia, publiquen la declaración de sus bienes, tal como exige la Ley sobre la prevención y lucha contra la corrupción en Guinea Ecuatorial. La transparencia y la rendición de cuentas no deben ser conceptos vacíos, sino principios fundamentales de una administración pública honesta, principios que han sido sistemáticamente burlados en Guinea Ecuatorial.
Finalmente, no podemos pasar por alto que, a pesar de las investigaciones del Diario Rombe, que revelaron los entramados de corrupción de Manuel Nsue Osa cuando era director del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial—favoreciendo a miembros de su familia en puestos clave y adjudicando contratos a empresas vinculadas—, este ha sido promocionado en lugar de ser investigado. Esto deja en claro que las exigencias de Teodorín no son más que una cortina de humo, destinada a distraer al pueblo de la realidad: la corrupción en Guinea Ecuatorial no es un problema aislado, sino un sistema que beneficia a aquellos en el poder, incluida la familia del propio Vicepresidente.
