Teodoro Nguema Obiang Mangue ha recuperado para Guinea Ecuatorial a Securiport LLC, la compañía estadounidense dirigida por el empresario argentino afincado en Estados Unidos Enrique Segura. El vicepresidente presentó su regreso como una inversión tecnológica de 100 millones de dólares destinada a modernizar la seguridad aeroportuaria, pero la documentación examinada por Diario Rombe revela que la relación entre la empresa y el Estado ecuatoguineano se remonta a 2008.
El 24 de marzo de 2026, los medios oficiales anunciaron avances en la formalización del acuerdo. La operación había sido anticipada en noviembre de 2025, cuando Teodoro Nguema Obiang Mangue comunicó el interés de Securiport LLC en invertir 100 millones de dólares para implantar sistemas biométricos, sensores inteligentes, videovigilancia y herramientas de inteligencia artificial orientadas al control fronterizo y la detección de amenazas. En aquella reunión participó también Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional.
Pero el regreso de Securiport LLC no se explica únicamente por el anuncio de una nueva inversión. Los registros consultados por Diario Rombe situaban a la compañía entre las entidades con obligaciones registradas ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSESO) desde octubre de 2019, por un importe de 205.920.000 francos CFA. La existencia de esos registros llevó a este medio a investigar el historial contractual de Securiport LLC, las circunstancias de su salida del país y las condiciones del nuevo acuerdo impulsado por la Vicepresidencia.
El 16 de julio de 2026, Diario Rombe remitió un cuestionario formal a la compañía para contrastar la información. Enrique Segura, presidente y CEO de Securiport LLC, respondió a las preguntas y confirmó un dato decisivo: la empresa ya había suscrito contratos con el Gobierno de Guinea Ecuatorial desde 2008. El relato de una operación tecnológica completamente nueva comenzaba así a mostrar sus antecedentes.
La deuda con el INSESO: la versión de Securiport y los registros que siguen pendientes de aclaración
La documentación examinada por Diario Rombe situaba a Securiport entre las empresas registradas como deudoras ante el INSESO desde octubre de 2019, con una cantidad de 205.920.000 FCFA. La compañía, sin embargo, rechaza que hubiera incumplido sus obligaciones durante el periodo en que operó en Guinea Ecuatorial.
En su respuesta, Enrique Segura afirmó disponer de justificantes bancarios del BGFI Bank y de volantes de ingreso sellados por el propio INSESO correspondientes a las cuotas sociales de enero a octubre de 2019, además de un último pago ordenado el 29 de noviembre de ese año, coincidiendo con el cese de las operaciones.
Segura sostuvo que no podía pronunciarse sobre los registros internos del organismo ni determinar el origen de una eventual anotación de deuda. No obstante, señaló que la permanencia de trabajadores dados de baja en el sistema administrativo podría haber generado registros posteriores al final de la actividad de la empresa. Según la explicación ofrecida por el máximo responsable de Securiport, las declaraciones mensuales de cotización de 2019 todavía incluían a trabajadores con salarios declarados de «0», debido a que sus bajas administrativas no se habían formalizado en el sistema.
La compañía también hizo referencia a la Resolución de 26 de noviembre de 2019, mediante la cual la Delegación Provincial de Trabajo de Bioko Norte autorizó la reducción de plantilla de trece trabajadores y la terminación de sus contratos, con fecha de baja del 30 de noviembre de ese año.
A partir de esta documentación, Securiport sostiene que la extinción de las relaciones laborales mediante un procedimiento administrativo aprobado por el Ministerio de Trabajo impediría considerar automáticamente que existían salarios devengados o cotizaciones exigibles después del cese de las operaciones. Y es precisamente en este punto donde los antecedentes contractuales de Securiport adquieren importancia. La compañía no era una recién llegada al país cuando Teodorín anunció su regreso.
El primer contrato y la salida de 2019: ¿quién decidió apartar a Securiport?
Securiport comenzó su actividad contractual en Guinea Ecuatorial en 2008. La documentación y las respuestas facilitadas a Diario Rombe contienen referencias a dos fechas distintas: una fuente consultada por este medio dentro del Ministerio de Seguridad Nacional sitúa la firma inicial el 13 de enero de 2008, mientras que la propia compañía señala el 19 de febrero de ese año como fecha de suscripción del contrato de prestación de servicios.
Según la información facilitada por fuentes próximas al Ministerio de Seguridad Nacional, el acuerdo estaba relacionado con la operación de sistemas de identificación de personas que entraban y salían del país por aeropuertos y puestos fronterizos. La compañía confirmó a este medio que había suscrito con el Gobierno ecuatoguineano un contrato para el control de identidad de pasajeros internacionales, con una vigencia inicial de 60 meses y posibilidad de renovación automática conforme a sus condiciones contractuales. Sin embargo, la controversia más relevante se sitúa en 2019.
Según fuentes cercanas al ministro Nicolás Obama Nchama consultadas por Diario Rombe, la continuidad de Securiport habría sido objeto de maniobras internas relacionadas con intereses de personas próximas al Ministerio de Seguridad Nacional. Las fuentes sostienen que, pese a la autorización de la renovación por parte del dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sectores vinculados a la cartera de Seguridad Nacional habrían intervenido para impedir la continuidad de la empresa y favorecer a un nuevo proveedor ecuatoguineano.
Diario Rombe no ha podido verificar de forma independiente la identidad de esa supuesta empresa. En su respuesta, Securiport no identificó a los responsables de la decisión ni confirmó las maniobras señaladas por las fuentes. La compañía se limitó a explicar que, en noviembre de 2019, el Gobierno ecuatoguineano decidió encomendar la continuidad de los servicios a un nuevo proveedor, en el marco de su política de gestión y actualización de los sistemas de seguridad fronteriza.
Pero el tiempo ha colocado a los protagonistas de aquella salida en una situación paradójica: el mismo aparato institucional que sustituyó a Securiport en 2019 participa ahora en su retorno.
Teodorín recupera a Securiport y Nicolás Obama Nchama firma el contrato
El 6 de abril de 2026, Nicolás Obama Nchama estampó su firma en el nuevo contrato con Securiport LLC, junto al ministro de Hacienda, Iván Bacale Ebe Molina, y el ministro de Aviación Civil, Norberto Bartolomé Monsuy Mañé. El acuerdo devuelve a la compañía estadounidense la gestión de los sistemas de seguridad e identificación vinculados al control migratorio. La empresa vuelve a estar representada por el empresario argentino, Enrique Segura, su presidente y CEO.
La operación se produce después de que Teodoro Nguema Obiang Mangue impulsara públicamente el regreso de Securiport. El corrupto vicepresidente, que había presentado el proyecto como una inversión tecnológica de 100 millones de dólares, se convierte así en la figura política que respalda el retorno de una empresa que ya había operado en el país y cuya salida en 2019 estuvo rodeada de interrogantes sobre las decisiones institucionales adoptadas entonces.
La documentación contractual examinada por Diario Rombe establece una duración inicial de diez años, prorrogable por otro periodo de diez años, bajo la modalidad de «Construir, Mantener, Formar y Transferir» (BMTT). El objeto del contrato es la implantación del sistema CAISS (Civil Aviation and Immigration Security Services) o APIS Plus, destinado a reforzar los controles de seguridad aeroportuaria y migratoria.
La implantación se prevé inicialmente en los aeropuertos internacionales de Malabo, Bata y Presidente Obiang Nguema, con una posterior extensión a puestos fronterizos terrestres y puertos marítimos. El contrato establece que los datos personales de los viajeros son propiedad exclusiva del Gobierno y que los servidores principales deben permanecer en territorio nacional. Sin embargo, las cláusulas operativas atribuyen a Securiport funciones de control técnico y gestión continua de las herramientas analíticas.
Esta distribución de responsabilidades plantea una cuestión que va más allá de la instalación de equipos: ¿qué capacidad efectiva conservará el Estado para supervisar, auditar y controlar el funcionamiento de las tecnologías de seguridad y el tratamiento de la información de los viajeros?. La respuesta se encuentra, al menos en parte, en el modelo económico pactado entre el Gobierno y la compañía estadounidense.
50 dólares por pasajero: el negocio de Securiport se financia con una tasa obligatoria
El aspecto más significativo del nuevo contrato no está únicamente en la tecnología, sino en el sistema de financiación establecido para garantizar los ingresos de Securiport. Según la copia íntegra del contrato obtenida por fuentes del entorno del Ministerio de Seguridad Nacional y examinada por Diario Rombe, las compañías aéreas que operan en Guinea Ecuatorial deben cobrar una tasa obligatoria denominada «Tarifa APIS Plus», fijada en 50 dólares estadounidenses por cada pasajero internacional que entre o salga del país en vuelos comerciales. La cantidad equivale aproximadamente a 27.500 FCFA por pasajero, tomando como referencia la conversión indicada en el contrato.
Los fondos recaudados mensualmente por las aerolíneas se depositan en una cuenta bancaria mancomunada en el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) y se distribuyen bajo un reparto estrictamente tasado. De cada 50 dólares ingresados por pasajero, 43 —unos 23.650 FCFA— se transfieren de forma directa a las cuentas privadas de Securiport LLC en concepto de contraprestación por sus servicios, mientras que apenas 7 dólares —unos 3.850 FCFA— van a parar a las arcas del Estado ecuatoguineano a través de la cuenta del Tesoro Público dedicada a la Aviación Civil.
A este desproporcionado flujo de capital se suma una arquitectura corporativa y fiscal diseñada para maximizar el beneficio de la matriz extranjera. Para dar cumplimiento al acuerdo, la compañía se comprometió a constituir una filial local bajo la denominación de Securiport Guinea Ecuatorial. Sin embargo, la distribución interna de los ingresos estipula que a esta sucursal local le corresponderá únicamente un 20% de los beneficios generados en el territorio nacional, quedando el 80% restante reservado para la sociedad matriz en Reston, Virginia.
La repatriación de estos dividendos hacia Estados Unidos está blindada normativamente tras el cierre fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias locales. Unas obligaciones fiscales que, por otra parte, llegan fuertemente aminoradas gracias a las generosas exenciones concedidas por el propio régimen, que incluyen la exoneración total del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los derechos arancelarios sobre la importación de todos los equipos tecnológicos, además de un crédito fiscal del 10% recuperable durante diez años.
El retorno de Securiport a Guinea Ecuatorial, amparado por el círculo de Teodoro Nguema Obiang Mangue, sella de este modo un lucrativo pacto donde las antiguas disputas institucionales quedan sepultadas bajo un flujo constante de recursos públicos y privados garantizados por cada billete de avión que cruza las fronteras del país.
