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Juan Olo Mba Nseng y Gabriel Obiang Lima quieren sustituirle por alguien que actúe a favor de sus intereses
Ya ha comenzado la VI Mesa de Diálogo Nacional que Teodoro Obiang Nguema Mbasogo anunció a bombo y platillo por la asistencia de todos los actores sociales del país: desde los partidos políticos, los líderes de la sociedad civil, hasta aquellos que se benefician de una amnistía de dudosa legalidad, pues se supone que, antes de concederla, deberían primero hacer pública la lista de los presos de conciencia, para, posteriormente ponerlos en libertad. Sin embargo, este inicio no estando exento de polémica. Según ha sido informado Diario Rombe varios magistrados, jueces y funcionarios de la Magistratura de Trabajo de Malabo han sido detenidos por orden de Teodoro Obiang, a instancia de Juan Olo Mba Nseng, eterno presidente del Colegio de Abogados, ministro Delegado de Justicia y primo hermano de Constancia Mangue Nsue Okomo.
La presidencia de Juan Carlos Ondo Angue de la Corte Suprema de Justicia pende de un hilo por las presiones que recibe por parte del ministro de Justicia e Instituciones Penitenciarias, Salvador Ondo Nkumu, el ministro Delegado de Justicia e Instituciones Penitenciarias, Juan Olo Mba Nseng, el fiscal general del Estado, David Nguema Obiang, el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama y la secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia, Rimme Bosio Riokalo. Estas últimas personas, que representan los intereses de varias empresas CENTURION LAW GROUP, HEXAGON, APEGESA -Juan Olo es accionista-, MÓBIL, FLÚOR, han orquestado un plan de acoso y derribo contra los jueces y magistrados afines a Juan Carlos Ondo Angue.

La primera víctima que cayó en desgracia por las represalias que sufre la presidencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido Inocencio Membila, juez de Instrucción n.º 1 y 2 de Malabo que fue detenido por orden del ministro Delegado de Justicia durante el ejercicio de su cargo y posteriormente, interrogado por el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama. El, por aquel entonces, juez acabó huyendo de Guinea Ecuatorial, ya que había sido ordenado su asesinato ante su negativa a colaborar con las autoridades para conseguir el cese de Juan Carlos Ondo Angue.
El segundo afectado por esta caza de brujas que tenía como objetivo lograr el control del Poder Judicial fue el predecesor de Inocencio Membila, Angel Mariano Edjang Ndong. En este caso, el Ministro de Seguridad Nacional fue el que ordenó la detención. Finalmente, el juez de Instrucción n.º 2 de Malabo, fue el tercer y último perjudicado hasta el momento. Al contrario que sus compañeros, él no fue detenido, pero sí destituido tras haberse declarado en rebeldía, como protesta ante la injustica da detención de su primo, Angel Mariano Edjang Ndong.
Al no haber conseguido la destitución del hasta ahora presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Ondo Angue, el ministro Delegado de Justicia aprovechó que las empresas en las que tanto él como su sobrino, Gabriel Mbega Obiang Lima tienen intereses, están siendo investigadas por varios juzgados, entre ellas, Total GE-ATSIGE, por despidos improcedentes.
Según ha podido saber Diario Rombe, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia en la que condenaba a la firma francesa TOTAL GE- ATSIGE a pagar a sus trabajadores 83.474.314 Fcfa. Este fallo enfureció al ministro Delegado de Justicia y al ministro de Hidrocarburos, cercano a los intereses de la petrolera, lo que incrementó todavía más el deseo de ambos de que se produjera la destitución de Juan Carlos Ondo Angue.
Teodoro Obiang Nguema concedió poderes al ministro de Justicia, Salvador Ondo Nkum para interrogar a los magistrados implicados en la ejecución de la sentencia contra la empresa TOTAL GE. Según el dictador Obiang, basándose en las informaciones que le ha facilitado el ministro Delegado de Justicia, Juan Olo Mba Nseng, los magistrados de Trabajo han colaborado con la Corte Suprema de Justicia en la ejecución de una sentencia cuyos fondos han sido entregados a los trabajadores de forma fraudulenta, ya que la cuenta bancaria de la Magistratura está bloqueada y controlada por los afines al ministro.
La comisión considera que los 83 millones de Francos Cfa no deberían haber sido entregados a los trabajadores de TOTAL GE-ATSIGE sin la autorización de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Ellos piensan que el dictador, en su calidad de presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, debe nombrar oficialmente a un nuevo presidente de la Magistratura de Trabajo, en sustitución de Rimme Bosio, que a pesar de haber sido nombrada secretaria de Estado, sigue controlando la cuenta de la Magistratura de Trabajo a su antojo.
El objetivo de la disolución del Poder Judicial no es otro que sustituir a Juan Carlos Ondo Angue y poner a un presidente títere que defienda a capa y espada los intereses del ministro Delegado de Justicia y de su sobrino, Gabriel Mbega Obiang Lima en las diferentes empresas que tienen en el país.
Una comisión compuesta por el fiscal general del Estado, el ministro de Justicia, el ministro Delegado de Justicia, el ministro de Seguridad Nacional, la secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia y varios abogados del Estado está investigando a varios Magistrados de la Magistratura de Trabajo de Malabo desde mediados de junio de este año.
Ante este escenario el fiscal general del Estado, David Nguema Obiang y los dos ministros de Justicia están sometiendo a duros interrogatorios desde hace varios meses a varios magistrados y funcionarios de la Magistratura de Trabajo. En este tiempo, han sido amenazados con ser destituidos y detenidos si no colaboraban con la comisión para expulsar a Juan Carlos Ondo Angue de la Corte Suprema de Justicia.
Amenazas, detenciones y posibles torturas para controlar el Poder Judicial
Según fuentes de este periódico, la comisión ordenó que la Corte Suprema de Justicia debía entregar en el plazo de 72 horas los 41 millones de francos Cfa. Si no lo hacían, detendrían a los jueces y magistrados. Estas amenazas se cumplieron y en la tarde del pasado 17 de julio, varios militares armados se presentaron en el palacio de Justicia para arrestar al presidente de la Magistratura de Trabajo n.º 2, pero se salvó porque en ese preciso momento estaba con Juan Carlos Ondo Angue e intervinieron otros miembros del poder judicial.
Sin embargo, durante ese mismo tiempo, otros militares estaban deteniendo a varios magistrados y funcionarios de la Magistratura de Trabajo en el antiguo edificio del Poder Judicial. Un arresto que se produjo sin orden judicial, pero bajo la dirección y el beneplácito del ministro Delegado de Justicia.
Actualmente, se encuentran recluidos en la comisaria central de Malabo en la que podrían estar siendo torturados para lograr que firmen un documento culpando a Juan Carlos Ondo Angue de haberse llevado los 40 millones Fcfa de las costas procesales. De esta forma, Obiang Nguema conseguirá el argumento que ansía para destituirlo “legalmente”.
Guinea Ecuatorial es el único país en el que reina la impunidad para los poderosos. Cada miembro del Gobierno o de las instituciones que ostenta una pequeña parcela de poder hace y deshace a su antojo gracias a la autoridad que le proporciona su cargo.