La denuncia publicada por Diario Rombe sobre el desabastecimiento de antirretrovirales en Bata ha provocado una respuesta que revela mucho más que un problema de medicamentos: el Ministerio de Sanidad e Infraestructuras Sanitarias, dirigido por Dámaso Mitoha Ondo’o Ayekaba, parece más preocupado por controlar el relato que por resolver la situación de los pacientes.
Después de que personas con VIH denunciaran dificultades para acceder a sus tratamientos, uno de los medios propagandísticos del régimen ecuatoguineano ha optado por responsabilizar a los propios pacientes, acusándolos de abandonar sus tratamientos.
Para quienes llevan meses intentando conseguir sus medicamentos, el mensaje resulta especialmente ofensivo: primero tienen dificultades para encontrar el tratamiento y después se intenta hacerles responsables de la situación.
Quien vive con VIH no necesita discursos políticos. Necesita disponer de su medicamento cuando acude al centro sanitario. Y cuando miles de personas dependen de una cadena pública de distribución, la responsabilidad de garantizar esa continuidad corresponde a las autoridades sanitarias, no al paciente.
La propaganda del régimen entra en escena para atacar a los enfermos
La dimensión de esta crisis no puede esconderse detrás de un artículo propagandístico. Más de 62.000 personas que viven con VIH necesitan acceder regularmente a sus tratamientos antirretrovirales. Son personas que dependen de una administración continua de medicamentos y que no pueden permitirse que el sistema sanitario falle.
En Bata, pacientes consultados por Diario Rombe han denunciado que acudían a los centros médicos buscando sus tratamientos y recibían respuestas como «no hay nada». Ahora llegan denuncias similares desde Malabo.
Y mientras los pacientes buscan desesperadamente sus medicamentos, el Ministerio dirigido por Dámaso Mitoha Ondo’o Ayecaba no parece haber ofrecido una explicación pública capaz de despejar las dudas sobre el suministro.
La responsabilidad de garantizar que los tratamientos lleguen a los pacientes corresponde al Ministerio de Sanidad. No corresponde al enfermo solucionar los problemas de distribución creados por la propia administración.
Dámaso Mitoha Ondo’o Ayecaba ocupa la máxima responsabilidad política sobre la sanidad del país. Por tanto, no puede esconderse detrás de sus funcionarios, de los centros médicos ni, mucho menos, detrás de medios propagandísticos.
Dámaso Mitoha: grandes discursos, una sanidad cada vez más deteriorada
Dámaso Mitoha Ondo’o Ayecaba cultiva una imagen de hombre formado, intelectual y escritor, acompañado de grandes gafas, discursos y una cuidada exposición pública. Pero una cartera sanitaria no se mide por los discursos, la apariencia o la capacidad de proyectar una determinada imagen. Se mide por lo que encuentra un paciente cuando entra en un hospital.
Y ahí es donde su gestión está siendo duramente cuestionada. Hospitales con graves deficiencias, pacientes que denuncian dificultades para acceder a medicamentos, profesionales que trabajan en condiciones complicadas y una población que cada vez expresa mayor frustración ante el funcionamiento del sistema sanitario.
También existen denuncias sobre el trato recibido por pacientes guineanos por parte de algunos médicos cubanos que trabajan en el país. Estas denuncias deben investigarse y no generalizarse a todos los profesionales cubanos, pero tampoco pueden ser ignoradas por el Ministerio.
Un ministro bajo por un supuesto soborno relacionado con medicamentos
A este deteriorado panorama se suma un episodio especialmente delicado que afecta directamente al área que dirige Mitoha: la contratación de productos farmacéuticos. En octubre de 2025, el diario español La Región informó de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo investigaba al gerente de la farmacéutica Farmadismo S.L. por un supuesto delito de corrupción en transacciones internacionales, relacionado con un presunto intento de soborno a un miembro del Gobierno de Guinea Ecuatorial para asegurar contratos de venta de productos farmacéuticos.
La investigación señalaba expresamente a Mitoha Ondo’o Ayekaba, quien, según la información publicada, conocía al empresario y había visitado en varias ocasiones las instalaciones de Farmadismo en Lugo. La información publicada por La Región añade que la investigación apuntaba a supuestos pagos en persona y transferencias bancarias cuyo objetivo habría sido favorecer adquisiciones de productos farmacéuticos por parte de CENTRAMED, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.
Conviene dejarlo absolutamente claro: se trata de una investigación judicial en fase de instrucción, no de una condena, y la propia Farmadismo, a través de su abogado, negó que los pagos fueran actos de corrupción y sostuvo que estaban relacionados con obras de adecuación de almacenes en Bata y Malabo.
Pero la existencia de esta investigación plantea interrogantes demasiado importantes como para ser ignorados, especialmente cuando ahora miles de pacientes denuncian dificultades para acceder precisamente a medicamentos.
¿Cómo puede un ministro responsable de la política sanitaria permanecer políticamente indiferente ante una investigación internacional que menciona su nombre y que está relacionada con la contratación de productos farmacéuticos para CENTRAMED?. Mitoha tiene la obligación de ofrecer explicaciones públicas convincentes.
Cuando se habla de medicamentos, cada contrato, cada proveedor, cada pago y cada frasco debe estar sometido a la máxima transparencia. Y mientras los tribunales españoles investigan aquel episodio, en Guinea Ecuatorial los pacientes siguen denunciando que no encuentran sus tratamientos. La coincidencia merece una explicación seria, no propaganda.
Un medio relacionado con personas del entorno del poder
Resulta especialmente relevante que esta ofensiva mediática proceda de un medio cuya estructura empresarial, según documentación societaria a la que ha tenido acceso Diario Rombe, aparece relacionada con personas vinculadas a altos cargos del Estado.
Según documentación societaria a la que ha tenido acceso Diario Rombe, AJT COMUNICACIÓN S.L., la empresa titular del medio que ha acusado a los pacientes de ser responsables de su propia situación, aparece vinculada a Teodoro Ganet Lopato, Director General de Asuntos Económicos en la Presidencia del Gobierno, así como a Isidro Ildefonso Nchaso Ikaka y Consuelo Estefanía Mawa Oñema.
Diario Rombe no afirma que el reparto de participaciones reflejado en dicha documentación continúe vigente ni que la estructura accionarial actual sea exactamente la misma. Esa circunstancia debe ser comprobada.
Pero el episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión esencial: ¿qué independencia puede tener un medio que, en plena crisis sanitaria, dedica sus esfuerzos a desacreditar a los pacientes en lugar de exigir explicaciones al Ministerio?
Mientras tanto, más de 62.000 personas que viven con VIH esperan algo mucho más sencillo que propaganda: sus medicamentos. Dámaso Mitoha Ondo’o Ayecaba, como máximo responsable político de la sanidad ecuatoguineana, debe responder por el estado del sistema que dirige.
Porque cuando un paciente entra en un centro sanitario buscando un medicamento y sale con las manos vacías, ningún discurso puede ocultar el fracaso del sistema.
Y cuando la respuesta del poder consiste en culpar al enfermo, la propaganda deja de ser una herramienta de comunicación y se convierte en una forma de desprecio hacia quienes más necesitan protección.
