Detienen a uno de los herederos del terreno donde se construyó el Centro Médico La Paz de Malabo

Detienen a uno de los herederos del terreno donde se construyó el Centro Médico La Paz de Malabo
La detención forzosa en las últimas semanas de uno de los afectados por los terrenos del golfo de Guinea expropiados por el estado para la construcción de la lujosa ciudad de Sipopo es la última acción del gobierno de Teodoro Obiang Nguema contra las familias ecuatoguineanas que llevan más de una década luchando por la legitimidad de sus propiedades.
Marcial Arcángel Nzang Bita es uno de los herederos de los terrenos expropiados para la construcción de la que es hoy la ciudad de Sipopo, un lujoso complejo urbanístico de uso privado para los miembros de la familia del dictador ecuatoguineano.

La detención forzosa en las últimas semanas de uno de los afectados por los terrenos del golfo de Guinea expropiados por el estado para la construcción de Sipopo, “la Ciudad de la Unión Africana”, es la última acción del gobierno de Teodoro Obiang Nguema contra las familias ecuatoguineanas que llevan más de una década luchando por la legitimidad de sus propiedades.

El director general de Obras Públicas, Justino Nchama Ondo —sobrino del presidente ecuatoguineano e hijo de Armengol Ondo Nguema—, ordenó la detención forzosa de Marcial Arcángel Nzang Bita, uno de los legítimos herederos de la finca rústica (de 290 mil hectáreas) ubicada en Sipopo, provincia de Bioko Norte, que su padre Ángel Mariano Nsang Edu Mangue compró a la empresa “Rosich y Subina” hace más de tres décadas.

Acusado por un presunto delito de “amenazas a la superioridad”, el detenido permaneció en las dependencias de la Comisaría Central de Malabo, conocida popularmente como «Guantánamo», hasta el pasado 24 de febrero cuando fue trasladado a la temible cárcel de Playa Negra, más conocida como “Black Beach”. Según el relato de la familia, a Marcial Arcángel Nzang Bita le habrían tomado declaración ante un juez varias semanas después de su detención y sin la presencia de su letrado.

La Ciudad de (los ecuatoguineanos, para) la Unión Africana

 

Desde su fundación, la Unión Africana viene celebrando cumbres anuales donde los 55 jefes de los Estados Miembros abordan los principales problemas políticos, sociales y económicos de la región. Para la celebración de la Cumbre de la Unión Africana del 2011, Teodoro Obiang Nguema acogió a la delegación de mandatarios en la capital de Guinea Ecuatorial durante cuatro días, del 28 de junio al 1 de julio. Su objetivo como presidente de la organización era mostrarse ante los líderes de los países africanos como un poderoso mandatario de un país rebosante de petróleo.

El plan de preparación para el evento inició años atrás con el propósito de crear una ciudad a la europea donde las altas expectativas del régimen ecuatoguineano quedaran ampliamente cubiertas. Obiang eligió la zona costera de Sipopo (a 15 kilómetros de Malabo) para levantar una portentosa ciudad acristalada con más de 25 propiedades para albergar a los líderes africanos, 52 villas residenciales, salas de conferencias, un centro médico, un hotel de 5 estrellas (el Sofitel Sipopo Le Golf), una playa privada y un campo de golf, entre otros caprichos del dictador que terminarían llamando “Ciudad de la Unión Africana” y en la que para poder entrar hay que pasar por caja.

Para construir el ambicioso proyecto de 3.003.320,39 m² y más de 580 mil millones de euros, el dictador ecuatoguineano acordó mediante decreto presidencial expropiar forzosamente todas las fincas ubicadas en la franja de 2.5 kilómetros de la parte sur de la autovía a Sipopo (distrito de Baney) y la parte norte, hasta la playa, propiedad de 78 familias entre ellas la de Ángel Mariano Nsang Edu Mangue.

Este tipo de hectáreas, sobre todo cuando están ubicadas en las zonas costeras, son especialmente codiciadas por los miembros de la familia del presidencial. Para hacerse con ellas utilizan las prerrogativas constitucionales que otorgan al dictador la facultad de expropiar los bienes de particulares a favor del interés público. En este caso, el régimen defendió la expropiación forzosa alegando un “interés público y social” que escondía el verdadero objetivo de construir una ciudad exclusivamente para uso y disfrute de los miembros de la familia del dictador. Hoy en día allí viven los hijos del presidente e incluso algunos destacados miembros de su familia”, cuenta una fuente bajo condición de anonimato.

Reglamentos en materia de expropiación forzosa
Detienen a uno de los herederos del terreno donde se construyó el Centro Médico La Paz de Malabo
Escrito de Luis Nkumu Mesian

La sociedad ecuatoguineana vive sumida en un profundo oscurantismo que anula el derecho primario de los ciudadanos al conocimiento de sus derechos y deberes. En la documentación a la que ha tenido acceso Diario Rombe se encuentran pocas referencias esclarecedoras sobre disposiciones y normativas en materia de expropiación forzosa de los bienes con vistas a su utilidad pública o interés social —que lejos de aclarar y garantizar el acceso a la información, confunde hasta al más instruido letrado— dejando a la voluntad del cacique cuanto disponga sobre los demás.

En el año 2005 el dictador ecuatoguineano aprobó el decreto presidencial nº46/05, de fecha 7 de marzo, por el que se autorizó la expropiación forzosa de todas las fincas ubicadas en la costa de Sipopo y seis años más tarde, en 2011 —año de la celebración de la Cumbre de la Unión Africana en Guinea Ecuatorial— Teodoro Obiang volvió a aprobar otro decreto presidencial nº118/2011, de fecha 20 de junio, por el que aprobaba de nuevo la expropiación de la misma zona dejando sin efecto el decreto anterior con la anexión de una disposición derogatoria sobre “cuanta disposición de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto”.

El nuevo decreto se fundamenta en “lo establecido en el artículo 59 y siguientes” de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, que hacen referencia a la “expropiación forzosa por zonas o grupos de bienes”. En relación con el justiprecio, este mandato no estipula cómo se determina el justiprecio dejando al libre albedrío a los ministerios tutores —Obras Públicas e Infraestructuras y Agricultura y Bosques—. Tampoco establece, el procedimiento y los plazos para abonar a los propietarios las cantidades acordadas. En este sentido, la citada de Ley de Expropiación establece en su artículo 48 que “una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses”.

Además, el gobierno incluyó en el susodicho decreto presidencial, en su artículo 4, una cláusula de reversión en virtud de la cual los propietarios de los terrenos expropiados tendrían derecho a recuperar la parte de los terrenos que no hayan sido ocupados para el fin propuesto: “hasta tanto que las obras no afecten la totalidad de la finca, los afectados podrán explotar sus bienes expropiados sin que sean interferidos por terceros”.

 

Los terrenos baldíos de los herederos Nsang

 

Si el Centro Médico La Paz de Malabo tuviera que llevar el nombre del propietario de los terrenos sobre los que se construyó el edificio, tendría que llamarse “Centro Médico Ángel Mariano Nsang Edu Mangue”, pero como se trata de un centro médico privatizado sólo al alcance de la élite ecuatoguineana la coletilla “La Paz de Malabo” resulta más bien una provocación bélica para la población local.

En 1986 Ángel Mariano Nsang Edu Mangue compró a la empresa “Rosich y Subina” una finca rústica en Sipopo de 290 mil hectáreas. Desde entonces esos terrenos fueron utilizados como residencia familiar y cultivo agrícola de maíz, okro, naranjas, entre otros, como principal fuente de ingresos. Fue así hasta el día que el gobierno nacional ordenó la expropiación que marcaría el inicio de un destierro sin fin.

Antes de que esto sucediera, allá por el segundo trimestre del año 2000, Ángel Mariano Nsang Edu Mangue recibió la inesperada visita de Armengol Ondo Nguema (hermano del presidente ecuatoguineano) acompañado de su hijo, un entonces pequeño Justino Nchama Ondo —hoy conocido como “Chato Armengol” y actual director general de Obras Públicas—, interesados en comprar 40.000m² del terreno ubicado en la parte costera de Sipopo.

Según fuentes próximas a la familia, Ángel Mariano “rechazó la oferta” argumentando que “el terreno forma parte de los bienes de la familia en la cual lleva anexada un patio donde tenemos establecidas nuestras viviendas y realizamos las actividades agrícolas y de ganadería”.

Proceso de expropiación de los terrenos de Ángel Mariano   
       
Entre la aprobación del primer y segundo decreto de expropiación forzosa (2005-2011 respectivamente), el 10 de marzo de 2009 el gobierno autorizó al ingeniero agrónomo del ministerio de Agricultura y Bosques, jefe de Sección de Catastro y de Concesión de Terrenos, Domingo Esono Ndong, para que procediera —a instancia de Ángel Mariano Nsang Edu Mangue— a la “remedición y valoración de los productos agrarios en su finca” atendiendo al artículo 4 del decreto de expropiación forzosa en vigor (nº46/05, del 7 de marzo) “para     llevar a cabo el proceso del justiprecio”. En la misma credencial se extendió también al topógrafo, Mario Boriba Riokalo y al Ingeniero Técnico Agrícola, Alejandro Mbo Okue.           

En el informe de conclusiones con fecha 19 de marzo de 2009 al que ha tenido acceso Diario Rombe, los funcionarios confirman la extensión superficial expropiada a Ángel Mariano Nsang Edu Mangue, siendo un total de 240 mil hectáreas (más del 80 por cierto del terreno) valoradas cada una en 34.136 Fcfa, lo que equivale a un justiprecio de 819.264 Fcfa. A esta valoración los ingenieros incluyeron “los gastos de legalización del terreno para la obtención del título de     propiedad en aquellos momentos”, ascendiendo a un total de 924.000 Fcfa.
                           
Además, teniendo en cuenta que “desde hace más de 23 años Ángel Mariano lleva sembrando y plantando productos agrarios en dicha finca…”, los ingenieros concluyeron un justiprecio de 171.500.964 Fcfa que la Administración debía abonar a Nsang Edu Mangue por los terrenos expropiados y los cultivos afectados. Así quedó reflejado en el escrito del director general de Agricultura dirigido al secretario general del Ministerio de Infraestructura y Urbanismo.
           
Ángel Mariano Nsang Edu Mangue murió (el 17 de marzo de 2015) sin recibir el justo precio de sus terrenos. Solamente, el 28 de enero de 2014, poco antes de su fallecimiento, el ministro de Estado del Gabinete Civil del gobierno ecuatoguineano abonó 24.962.067 Fcfas “en concepto de pago de la indemnización de su finca rústica ubicadas en las inmediaciones de Sipopo, por haber sido    expropiada por el gobierno para acometer diversas obras sociales”. Según el relato de la familia, Ángel Mariano “recibió esa miserable cantidad por las 240.000 hectáreas porque estaba enfermo y suplicó hasta no poder que le pagaran lo adeudado para su asistencia médica y supervivencia de su propia familia”

Por tanto, transcurridos cinco años sin cobrar la totalidad del justiprecio, los herederos tienen derecho a recuperar sus tierras. En cuanto al terreno no expropiado, las 50 mil hectáreas restantes, continuaron siendo propiedad de Ángel Mariano Nsang Edu Mangue, atendiendo a la cláusula de reversión, por lo que Ángel Mariano y sus herederos, continuaron     utilizando y explotando sus terrenos sujetos a la ley.
A las órdenes de “la superioridad”

 

Cuando en septiembre de 2020, Justino Nchama Ondo fue nombrado mediante decreto presidencial, director general de Obras Públicas, éste empezó una cruzada contra los bienes de los herederos de Ángel Mariano Nsang Edu Mangue situados en la parte costera que años atrás él y su padre Armengol Ondo trataron de comprar al causante. “Ahora las cosas han cambiado, yo soy director general de Obras Públicas. (…) El gobierno no tiene previsto devolver esas tierras porque son bienes del Estado”, son algunas de las palabras que Nchama Ondo habría dirigido a los herederos de Ángel Mariano Nsang.

Orden de desalojo

El pasado 6 de enero de 2022, el recién nombrado director general de Urbanismo y Catastro, Luis Nkumu Mesian, remitió un oficio a Marcial Arcángel Nzang Bita —hijo y heredero de Ángel Mariano Nsang Edu Mangue— para que él y su familia —incluyendo niños, ancianos y mujeres embarazadas—abandonen el patio “Ángel Mariano” ubicado en la parte costera de Sipopo “en un plazo improrrogable de 7 días”.

Según el comunicado, la notificación se sustenta en una “orden de la superioridad” y se apoya en el decreto de expropiación del año 2011 por el que fueron expropiadas las fincas por “interés social y público”.    

Sin embargo, no especifica el motivo de la nueva expropiación ni a qué usos de interés público y social se van a destinar teniendo en cuenta los usos privativos que se le están dando a sus terrenos ya expropiados y no pagados.

Lo relevante de esta irregularidad, según un experto en derecho administrativo, es que no se puede destinar a usos privados el bien expropiado para fines de utilidad pública”. Y añade que “si el gobierno adeuda a la familia las cantidades pendientes de los terrenos expropiados con anterioridad, no tiene cabida expropiar los terrenos actuales donde tienen fijadas sus residencias”. En este caso, señala el abogado bajo condición de anonimato que “el particular afectado puede reclamar al cliente atado dicho bien por derecho de reversión”.

 

Recurso de alzada de los herederos           

El 11 de enero del año en curso, el abogado de los hijos y herederos de Ángel Mariano Nsang Edu Mangue presentó un recurso de alzada ante el ministro de Obras Públicas y Viviendas, Clemente Ferreiro Villarino, contra la resolución dictada por el director general de Urbanismo y Catastro, Luis Nkumu Mesian.       
Según el recurso, al que ha tenido acceso Diario Rombe, el director general de Urbanismo y Catastro, Luis Nkumu Mesian carece de sujeción jurídica y, “no debe producir efecto positivo alguno, dado que ha sido dictado inobservando lo previsto en el artículo 4 del decreto de expropiación en concordancia con los artículos 54 y 69.1 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa”.

En una conversación entre el ministro de Obras Públicas, Viviendas y Urbanismo Clemente Ferreiro Villarino y la familia de los herederos, el miembro del gobierno intentó sostener de forma ambigua la postura de la Administración de Teodoro Obiang Nguema frente al caso de los terrenos de Ángel Mariano Nsang Edu Mangue.

La valoración de la que habla Marcial de 171 millones, no es la valoración del terreno, sino de unas fincas valoradas por un técnico de agricultura. (…) el gobierno paga a vuestro padre 24 millones Fcfa, los herederos ya no tienen derecho a opinar”. Así se expresó el ministro Clemente Ferreiro Villarino y aunque reconoció la recepción de cartas y recursos de la familia que no fueron contestadas en forma y plazo establecido por la Ley, dijo confusamente “ahora mismo han recuperado 24 hectáreas, es decir, 230.000 hectáreas de la parte costera y tienen que retirar sus pertenencias”.

Unas explicaciones que no coinciden con la relación de los hechos de este caso que aún está por resolver y que de momento deja a una persona en la cárcel y una veintena de familiares del finado Ángel Mariano Nsang a la deriva.

 

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