La historia llegó a la redacción de Diario Rombe a través de una denuncia anónima recibida por correo electrónico. En ella, un grupo de madres afirmaba actuar conjuntamente para denunciar lo que consideraban una grave injusticia cometida contra varias alumnas internas del Colegio Santa Teresita de Malabo. Según relataban, diecisiete menores habían sido apartadas del internado de forma repentina cuando apenas faltaban dos días para la finalización del curso escolar, sin previo aviso a sus familias y sin haber tenido oportunidad de defenderse de las acusaciones formuladas contra ellas.
Como viene siendo habitual en asuntos que afectan a menores de edad, este periódico decidió preservar la identidad de las alumnas y de sus familiares. Al mismo tiempo, inició las comprobaciones oportunas y contactó con Úrsula Echube Oki, la directora del centro para conocer su versión de los hechos.
Lo que inicialmente parecía una disputa entre familias y responsables del internado ha adquirido una dimensión mucho mayor tras la respuesta oficial remitida a Diario Rombe por Antonio Ruiz Carrillo, abogado y responsable de cumplimiento normativo de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, institución responsable del centro educativo.
La respuesta no solo constituye el primer pronunciamiento oficial sobre la polémica, sino que revela que la propia Congregación ha abierto un expediente informativo interno para investigar la actuación de la directora del internado, Sor Úrsula Echube Oki. La decisión fue adoptada por Mercè Montells Tubau, Consejera General para África de la Congregación, tras tener conocimiento de los incidentes ocurridos en el centro.
Las familias denunciaron que fueron convocadas a una reunión extraordinaria donde se les comunicó de forma abrupta que sus hijas quedaban expulsadas del internado. Según los testimonios remitidos a este periódico, algunas madres escucharon acusaciones extremadamente graves contra las menores, incluyendo supuestas actividades de prostitución, relaciones con delincuentes externos y amenazas dirigidas contra la propia directora del centro.
También denunciaron que varias alumnas fueron objeto de comentarios despectivos y que eran identificadas como «pijas», «VIPs» o niñas procedentes de familias acomodadas. “Si fuéramos familias ricas, nuestros hijos probablemente estudiarían fuera del país. Somos padres que trabajamos cada día para ofrecerles una educación de calidad”, señala una de las denunciantes.
Las madres sostienen que nunca fueron advertidas previamente de la existencia de problemas disciplinarios de semejante gravedad y que ninguna de ellas había sido convocada con anterioridad para abordar posibles conductas preocupantes de sus hijas.
Las familias sostienen que la decisión fue comunicada sin previo aviso y sin que existiera un historial conocido de faltas graves que justificara una medida de semejante magnitud. Una de las madres asegura que su hija llevaba tres cursos consecutivos internada en el centro y que durante todo ese tiempo jamás recibió una amonestación relevante ni fue objeto de quejas disciplinarias.
Según su relato, durante los años en que el internado estuvo dirigido por la anterior responsable, Sor Edith de origen congoleña, la menor mantuvo un comportamiento considerado ejemplar tanto por el personal del internado como por los profesores. La llegada de la nueva directora, la hermana ecuatoguineana, Úrsula Echube Oki, tampoco habría supuesto inicialmente ningún cambio negativo en la valoración de la alumna.
De hecho, la madre afirma que, tras las vacaciones de Semana Santa, cuando acompañó personalmente a su hija de regreso al internado, recibió elogios por parte de la actual dirección. Según su testimonio, la directora le manifestó que la joven era una “alumna ejemplar” y “un modelo a seguir” para el resto de estudiantes. Por ello, las familias aseguran no comprender cómo, apenas unas semanas después de esas valoraciones positivas, un grupo de 17 alumnas pasó a ser señalado como un problema para la institución.
La situación ha generado además temor entre los padres afectados. Aunque reconocen no haber presentado todavía una denuncia formal ante el Ministerio competente ni ante otras instancias oficiales, explican que el hecho ocurrió recientemente y que muchas familias temen posibles represalias contra otros hijos que continúan escolarizados. Ese miedo habría llevado a varias madres a optar inicialmente por una denuncia anónima y a buscar que la situación sea conocida por la opinión pública antes de emprender otras acciones.
La respuesta remitida a Diario Rombe por el representante legal de la Congregación, Antonio Ruiz Carrillo, introduce importantes matices respecto a los hechos denunciados. El abogado sostiene que técnicamente no se produjo una expulsión, ya que el procedimiento disciplinario previsto en las normas internas del centro nunca llegó a iniciarse. Según explica, la directora utilizó de forma impropia la palabra «expulsión» para referirse a una suspensión temporal del derecho de asistencia durante los dos días que restaban para finalizar el curso académico.
Sin embargo, el aspecto más relevante del documento es que la propia Congregación reconoce que las medidas adoptadas no siguieron el procedimiento establecido por sus normas internas. El instructor del expediente afirma expresamente que no se concedió audiencia a las alumnas afectadas ni a sus familias antes de adoptar la decisión y que ello las dejó «prácticamente en situación de indefensión». Asimismo, concluye que la medida adoptada debe considerarse nula y que el procedimiento debe retrotraerse al momento inmediatamente anterior a su adopción.
La Congregación también reconoce que las familias no fueron informadas reglamentariamente de los hechos que se atribuían a las alumnas y que no se abrió el correspondiente expediente disciplinario antes de adoptar las medidas. El escrito, fechado el 23 de junio, señala igualmente que las acusaciones formuladas contra las menores fueron realizadas sin haber escuchado previamente a las afectadas y sin haber concluido una investigación suficiente para determinar la naturaleza y gravedad de los hechos. Por este motivo, el instructor sostiene que dichas acusaciones deben considerarse sin efecto hasta que se tramite correctamente el procedimiento correspondiente.
Respecto a los presuntos insultos y comentarios despectivos denunciados por las familias, la Congregación asegura que la investigación sigue abierta y que todavía no dispone de pruebas suficientes para confirmar o descartar si alguna responsable del internado utilizó expresiones como «demoniacas», «pijas» o «VIPs» para referirse a las alumnas afectadas.
Otro de los puntos de discrepancia entre ambas versiones es el número exacto de alumnas afectadas. Mientras las familias sostienen que fueron diecisiete las menores apartadas del internado, la Congregación afirma que trece alumnas fueron suspendidas temporalmente durante los dos últimos días del curso, una estudiante ya había concluido sus estudios y otras tres quedaron sujetas a medidas cautelares pendientes de resolución definitiva.
Sin embargo, la documentación obtenida por Diario Rombe plantea interrogantes sobre esa versión. Este periódico ha tenido acceso a una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp enviado el 11 de junio por la propia directora del internado, Sor Úrsula Echube Oki, en el grupo de comunicación de los tutores. En dicho mensaje se convocaba con carácter urgente a los tutores de diecisiete alumnas para una reunión fijada para el día siguiente, 12 de junio, a las 16:00 horas, en las instalaciones del Colegio Santa Teresita.
La convocatoria iba acompañada de un listado con los nombres de las diecisiete estudiantes cuyos representantes legales debían comparecer en dicha reunión extraordinaria. Precisamente esa reunión es señalada por las familias como el momento en el que se les comunicó que sus hijas debían abandonar el internado.
A esta discrepancia se añade otro elemento aportado por las fuentes consultadas por este periódico. Según varias familias, dos días antes de la reunión del 12 de junio ya se había apartado del internado a otra alumna tras una pelea con una compañera. Las mismas fuentes sostienen que únicamente una de las dos menores implicadas en el incidente fue objeto de la medida, circunstancia que ha suscitado dudas entre los familiares sobre los criterios aplicados por la dirección a la hora de adoptar decisiones disciplinarias.
La existencia de esta convocatoria previa plantea una pregunta difícil de ignorar: si únicamente trece alumnas iban a ser objeto de la medida, ¿por qué la dirección convocó formalmente a los tutores de diecisiete estudiantes para una reunión urgente celebrada apenas veinticuatro horas después?
Más allá de la discusión terminológica sobre si se trató de una expulsión o de una suspensión temporal, los hechos afectan a un número significativo de menores bajo la custodia de una institución educativa con una larga trayectoria en Guinea Ecuatorial. Y es precisamente la proximidad del final del curso lo que sigue generando interrogantes entre las familias y entre numerosos observadores.
La propia respuesta de la Congregación no ofrece una explicación concluyente sobre por qué unas medidas de semejante alcance fueron adoptadas cuando apenas restaban cuarenta y ocho horas para la finalización del curso académico. El documento apunta que pudieron influir circunstancias relacionadas con la convivencia entre adolescentes y con la proximidad del final del curso, pero también sostiene que la situación debe ser objeto de una investigación más profunda antes de adoptar conclusiones definitivas.
Tras recibir la respuesta oficial remitida por Antonio Ruiz Carrillo, documento que fue facilitado a Diario Rombe por la propia directora del internado, Sor Úrsula Echube Oki, este periódico volvió a contactar con varias de las familias que habían denunciado inicialmente los hechos.
Con el objetivo de preservar la confidencialidad del expediente interno abierto por la Congregación, Diario Rombe no facilitó a las denunciantes una copia íntegra del documento recibido. No obstante, sí les trasladó de manera general el contenido de las explicaciones ofrecidas por la representación legal del internado.
La reacción de varias de las madres consultadas fue inmediata. Tras conocer el contenido general de la respuesta, una de las denunciantes manifestó: «Corroboro al cien por cien la información contenida en las respuestas que habéis recibido. Se ha tratado a esas niñas con una gran injusticia y, al pedir explicaciones, se nos ha respondido con prepotencia y arrogancia».
Las familias consideran que la respuesta de la Congregación confirma una parte sustancial de las irregularidades que denunciaron desde el primer momento. A su juicio, el reconocimiento de que no se escuchó a las alumnas ni a sus tutores legales, de que no se siguió el procedimiento reglamentario y de que las medidas adoptadas podrían ser declaradas nulas refuerza sus dudas sobre la actuación de la dirección del internado.
A día de hoy, el caso continúa abierto. La Congregación mantiene en marcha su investigación interna y será el resultado de ese procedimiento el que determine si existieron errores administrativos, incumplimientos normativos o responsabilidades disciplinarias derivadas de la gestión de esta crisis.
Mientras tanto, la controversia ha trascendido los muros del internado Santa Teresita y ha abierto un debate sobre los límites de la autoridad disciplinaria en los centros educativos, la protección de los derechos de las menores y la necesidad de garantizar que cualquier medida que afecte a estudiantes bajo custodia institucional respete los procedimientos establecidos y las garantías más elementales de defensa.
Nota de la Redacción: Antes de la publicación de este reportaje, Diario Rombe remitió un cuestionario a la directora del internado, Sor Úrsula Echube Oki, así como con la anterior directora, Sor Edith, remitiéndoles una serie de preguntas a través de WhatsApp para que pudieran ofrecer su versión de los hechos. Ambas recibieron la comunicación y dispusieron de plazo hasta el lunes 22 de junio a las 18:00 horas de Malabo para responder. Sin embargo, al cierre de esta publicación no se había recibido contestación por parte de ninguna de ellas.
La respuesta fue enviada a través del abogado Antonio Ruiz Carrillo, responsable de cumplimiento normativo de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción e instructor del expediente informativo abierto sobre estos hechos.
Este periódico agradece la colaboración prestada y mantiene abierta la posibilidad de publicar futuras aclaraciones, resoluciones o documentación adicional relacionada con este caso, así como cualquier comunicación de las familias afectadas o de las autoridades educativas competentes, en cumplimiento de los principios de rigor, equilibrio informativo e interés público.
