No es lo que se espera en un país supuestamente democrático; pero antecedentes recientes como los de Ceiba Intercontinental, Ayuntamiento de Bata, y otros, en los que la intervención de Teodorín hizo que los trabajadores pudieron cobrar sus salarios retenidos, concluyó con la supuesta destitución de sus cargos a ciertos directivos que presumían ser intocables… Los empleados de GECOMSA lo han intentado, pero se han topado con el bloqueo de uno de los administradores de las empresas del hijo del dictador.
Es conocido por todos, que los poderes públicos supuestamente diseñados para velar por los intereses de la población ecuatoguineana, sólo bailan al son de la música de la familia del dictador. Vale más un telefonazo de la mujer o el hijo del dictador, que la sentencia de un Juez; y así, la población, en sus arrebatos de desesperación y desamparo, no tiene más alternativa que acudir al amparo de Teodorín Nguema Obiang, Vicepresidente de la ex colonia española, e hijo mayor del dictador.
Trabajadores de GECOMSA denuncian el impago de varias de sus nóminas desde 2017 y otros derechos que les son negados
Más de un centenar de trabajadores (chinos y ecuatoguineanos) de la empresa pública de telecomunicaciones, 
GECOMSA, denuncian en un escrito dirigido al Vicepresidente del Gobierno, Teodoro Nguema Obiang, la precaria situación laboral que están padeciendo por los impagos de sus nóminas que la empresa arrastra desde el año 2017.
El escrito fue compartido por los empleados a través de WhatsApp con la intención de hacerlo llegar al departamento del hijo del dictador. Pero, no era la primera vez que intentaban pedir auxilio de Nguema Obiang. Lo intentaron a través de personas próximas al vicepresidente, quienes se habían comprometido a trasladar las inquietudes de los empleados al vicepresidente, pero esos intermediarios optaron por informar a la directora de GECOMSA, Maria del Mar Bindang Eneme lo que estaban tramando los trabajadores y estos fueron duramente amenazados e invitados a firmar unilateralmente sus cartas de renuncias.
Los trabajadores en su escrito que se ha hecho viral por Whatsapp, denuncian la corrupción asentada en la empresa pública, la cual “no ha hecho más que confiscar ilegalmente nuestros salarios desde hace 30 meses, incluido nuestros derechos de antigüedad que nos corresponde desde 2012, fecha en la que fue constituida Gecomsa, no hemos cobrado esos derechos”.
Además de los 30 meses que les adeuda la empresa, los derechos de antigüedad, se añaden la problemática de los seguros médicos, “la directora ordenó que se nos descontarán de nuestros salarios los impuestos alegando que con estas deducciones, se nos firmaran contratos de trabajos que nunca hemos firmado”. Sin embargo, el Instituto de Seguridad Social (INSESO) “no reconoce a los empleados como asegurados”.
Esta situación, lamentan los trabajadores, está causando serios problemas en sus hogares, “hemos adquirido créditos bancarios con la esperanza de devolverlos con nuestros humildes salarios confiscados por la directora general”. Muchos de estos trabajadores reciben amenazas no sólo de sus acreedores sino de la propia cúpula más cercana del presidente del consejo de administración.
Las amenazas de la directora general de Gecomsa
El 6 de junio de 2020, los empleados enviaron un escrito a la directora general de la compañía, Maria del Mar Bindang Eneme, requiriendo una explicación razonable relacionada con la situación de las nóminas. En el escrito al que ha tenido acceso Diario Rombe, aseguran que, llevaban meses sin cobrar sus salarios, “muchos tenemos descendientes, alquilamos casas en las que muchos han sido expulsados y algunos detenidos en los órganos policiales como perros y como ladrones por impagos”.
Aprovechan la ocasión para recordar a la directora de Gecomsa los más de 8 años que llevan trabajando en la empresa sin derecho a la seguridad social a pesar de que, la empresa les retiene cantidades que supuestamente dicen abonar a la seguridad social, y que en agosto de 2019, la mencionada directora, Maria del Mar Bindang Eneme reunió a los trabajadores para agradecerles la paciencia que han venido manteniendo para cobrar algún día sus nóminas, invitándoles a seguir “con la misma postura”, ya que, “habría pronto una solución”, solución que al parecer, no está llegando.
En condiciones normales, tanto la delegación de Trabajo, así como otras instituciones del Gobierno de Obiang, deberían haber tomado acción en el drama que están viviendo los trabajadores de la empresa GECOMSA y por ende, sus respectivas familias. El ministerio de trabajo organiza inspecciones periódicas a las empresas y; según hemos podido saber, “cuando van a GECOMSA, nunca hablan con los empleados; van directamente a hablar con la Directora General, ella les cuenta cualquier cosa y hacen un informe favorable”.
Son estas prácticas, las que no dejan otra alternativa a la población que acudir a solicitar la intervención del 
Vicepresidente del país e hijo del dictador Obiang. Este papel que juega erróneamente el condenado por blanqueo de capitales, corrupción y abuso de poder, Teodorín Nguema Obiang en la cúspide piramidal de los tres principales poderes del estado, es lo más grave, insólito e ilegal que llama poderosamente la atención y, que pone en evidencia las grietas del supuesto estado social y democrático de derecho en el que prima la injusticia social.
Por ser hijo del dictador y de la poderosa mujer de esté, Teodoro Nguema Obiang se ha adjudicado a lo largo de los años, la potestad de resolver con “una llamada” los numerosos problemas que los ecuatoguineanos le plantean a través de intermediarios.
Algunos analistas sugieren que es una estratagema para allanar su camino hacia la sucesión de poder, ganándo la simpatía de la población. Pero, como sucede en toda “organización criminal”, los miembros del régimen de Teodoro Obiang Nguema se protegen a sí mismos. No cuestionan las decisiones erróneas que toman los administradores de las empresas públicas, poniendo en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores que supone el sustento de muchas familias ecuatoguineanas.
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