Durante décadas, el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha construido un sistema de poder basado en el clientelismo, el control de los recursos públicos y la protección de quienes forman parte de sus círculos de confianza. Mientras la Tesorería General desembolsa mensualmente fondos para pagar las lealtades del régimen, la población se enfrenta a una grave situación económica marcada por la falta de empleo, el deterioro de los servicios públicos y la ausencia de oportunidades. De hecho, resulta revelador y sangrante que en un país de menos de 2 millones de habitantes existan más contratos de mantenimiento de edificios públicos que empleos para el más del 60% de los jóvenes que buscan un trabajo diariamente.
Los contratos de mantenimiento del Estado, que Diario Rombe lleva meses investigando y publicando, muestran la importancia de seguir las huellas del dinero que sale de las arcas públicas para sostener este desequilibrio. Mientras la sociedad sufre la precariedad, los registros de pagos continúan revelando nuevas empresas y nuevos nombres relacionados con el reparto de fondos estatales. Y cuanto más profundiza Diario Rombe en los archivos, más conexiones aparecen entre los contratos de mantenimiento y personas vinculadas al aparato político y administrativo del régimen.
En esta ocasión, la investigación conduce hasta Tomás Esono Ava Abuy, uno de los históricos dirigentes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad dentro de la Administración pública y la estructura política del régimen. Su trayectoria incluye la dirección del Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y, más recientemente, la Presidencia de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción. En noviembre de 2024, dejó la Delegación Nacional del INSESO para asumir la presidencia de dicha Comisión.
Su nombre aparece relacionado con Limaceli Internacional, S.A, una empresa constituida el 28 de agosto de 2014 con número de identificación fiscal 00266 L-14. Lo flagrante de este entramado es la sintonía cronológica: la mercantil fue creada apenas semanas antes de que se promulgara el Decreto nº 129/2014 (de 17 de octubre de 2014) que dio luz verde al propio Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), un organismo autónomo adscrito precisamente al Ministerio de la Función Pública que por entonces dirigía el propio Esono Ava Abuy. Con las piezas colocadas desde el origen, el engranaje perfecto garantizaba que el negocio del mantenimiento recayera sobre los socios adecuados.
36,48 millones de FCFA al año por el mantenimiento del INAP
Según el registro de contratos de mantenimiento analizado por Diario Rombe, Limaceli Internacional SA. figura como beneficiaria de un contrato relacionado con el mantenimiento del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), anteriormente referido en algunas ocasiones como Instituto Nacional de la Administración (INA).
El registro consultado atribuye a la empresa una asignación de 3.040.000 FCFA mensuales, transferida a una cuenta bancaria con terminación -38, abierta en el SGBGE. Si el contrato se mantiene durante doce meses con la misma asignación, el importe equivaldría a 36.480.000 FCFA anuales. Diario Rombe continúa siguiendo los documentos, los nombres y los movimientos de dinero para reconstruir el entramado de los contratos de mantenimiento del Estado.
