Los documentos oficiales de la Tesorería General del Estado filtrados a Diario Rombe siguen sacando a la luz la verdadera dimensión del entramado de intereses que rodea al patrimonio público de Guinea Ecuatorial. Los registros examinados muestran cómo el Estado destina de forma sistemática cantidades millonarias del erario público al pago de alquileres de oficinas ministeriales e instituciones estatales.
Pero hay un elemento que convierte estos pagos en algo especialmente relevante. Los fondos no terminan, en los casos documentados, en manos de arrendadores independientes. El destinatario recurrente es el Grupo Abayak S.A., sociedad propieadd de la familia presidencial.
El resultado es un circuito que merece ser examinado con detalle: bienes e inmuebles vinculados al patrimonio nacional terminan integrados en estructuras privadas relacionadas con la familia gobernante y, posteriormente, distintas instituciones del propio Estado pagan por ocupar esas instalaciones. La Tesorería se convierte así en el punto final de un flujo de dinero público que beneficia a una sociedad cuyos principales accionistas y responsables aparecen vinculados a la familia Obiang.
Abayak S.A la sociedad de la familia Obiang
Para comprender quién se encuentra detrás de los destinatarios de estas partidas presupuestarias, basta con acudir a los documentos del Registro Mercantil. La escritura pública de constitución de Abayak S.A., otorgada el 6 de noviembre de 1998 bajo el protocolo notarial número 863 en Malabo, identifica a los integrantes de la familia presidencial que aparecen en el origen de la sociedad.
En la cúpula corporativa figura Teodoro Obiang Nguema Mbasogo como presidente del Consejo de Administración y director gerente, con una titularidad inicial de 75 acciones, valoradas en 18.750.000 F.CFA. Junto a él aparece su esposa, Constancia Mangue Nsue Okomo, en calidad de consejera y propietaria inicial de 15 acciones, valoradas en 3.750.000 F.CFA.
El tercer miembro de la familia es su hijo, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como «Teodorín», quien figura como secretario de la sociedad y titular inicial de 10 acciones, equivalentes a 2.500.000 F.CFA. La propia composición inicial de la sociedad permite entender por qué los pagos efectuados posteriormente a Abayak adquieren una dimensión particular cuando proceden de instituciones públicas.
No se trata simplemente de una empresa inmobiliaria que mantiene relaciones comerciales con el Estado: en su constitución aparecen el jefe del Estado, su esposa y su hijo, el Vicepresidente de la República como accionistas y miembros de la dirección.
El objeto social registrado comprende actividades inmobiliarias y de construcción, así como la exportación e importación y la explotación de fincas rústicas y urbanas. Es precisamente esta actividad inmobiliaria la que permite seguir el rastro de los pagos que hoy salen de las arcas públicas en concepto de alquileres.
Los datos: los pagos de la Tesorería
La relación entre Abayak y el Estado deja de ser una cuestión meramente societaria cuando se examinan las órdenes de pago de la Tesorería General. Los registros financieros analizados por Diario Rombe muestran cómo distintas instituciones públicas abonan cantidades millonarias a Abayak en concepto de arrendamientos tal como ha revelado Diario Rombe en las últimas semanas.
Los pagos aparecen vinculados al código presupuestario 61212 de la Tesorería General del Estado, correspondiente a alquileres, y permiten reconstruir tanto las cantidades mensuales como su equivalente anual. El Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, por ejemplo, abona por el alquiler de su sede central en Malabo 5.867.550 F.CFA mensuales, lo que representa 70.410.600 F.CFA al año.
A este pago se suma la oficina de Ofive Baney, con un canon mensual de 12.060.000 F.CFA, equivalente a 144.720.000 F.CFA anuales. La delegación de Ofive Bata, por su parte, abona 14.400.000 F.CFA al mes, lo que supone 172.800.000 F.CFA al año. Pero los pagos no se limitan a las dependencias del Ministerio de Hacienda. El mismo patrón aparece en organismos autónomos y entidades con participación estatal.
El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) destina 18.000.000 F.CFA mensuales al alquiler, una cantidad que alcanza los 216.000.000 F.CFA al año. Por su parte, Holding Guinea bajo la dirección de su hija, Patricia Mbasogo Obiang Lima, liquida 17.602.650 F.CFA mensuales por el uso de la quinta planta de sus instalaciones. En términos anuales, el importe asciende a 211.231.800 F.CFA.
Las cinco partidas documentadas suman 67.930.200 F.CFA cada mes. Si estos pagos se mantienen durante doce meses, el desembolso anual alcanza los 815.162.400 F.CFA. Es decir, más de 815 millones de F.CFA al año salen de las arcas públicas únicamente por estos cinco arrendamientos documentados y tienen como destinataria a Abayak, la sociedad en cuya constitución aparecen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Constancia Mangue Nsue Okomo y Teodoro Nguema Obiang Mangue.
La cifra permite dimensionar el negocio mucho mejor que cualquier pago individual. Lo que podría parecer un alquiler aislado adquiere otra dimensión cuando se suman todas las partidas: 67,9 millones de F.CFA cada mes y más de 815 millones al año.
El círculo de los alquileres públicos
Los documentos permiten observar un mecanismo que se repite en distintos niveles de la Administración. Por un lado está la sociedad privada que recibe los pagos; por otro, las instituciones públicas que necesitan ocupar las instalaciones y utilizan fondos del Estado para hacerlo.
El primer elemento del circuito es la titularidad de los inmuebles. Cuando determinados terrenos o instalaciones vinculados al patrimonio público terminan formando parte de estructuras privadas relacionadas con la familia presidencial, el Estado deja de ser propietario y pasa a convertirse en arrendatario.
El segundo elemento es la construcción o acondicionamiento de los inmuebles. En aquellos casos en los que las obras, remodelaciones o infraestructuras hayan sido financiadas directa o indirectamente con recursos públicos, resulta necesario determinar documentalmente qué recursos se emplearon, quién ejecutó las obras y bajo qué régimen pasó posteriormente el inmueble a manos privadas.
El tercer paso es el arrendamiento. Una vez que las instalaciones se encuentran bajo titularidad privada, organismos públicos como el Ministerio de Hacienda, el INEGE o Holding Guinea pasan a utilizarlas mediante contratos de alquiler.
Y el último paso es el pago: la Tesorería General del Estado ordena el desembolso de cantidades mensuales que terminan en la sociedad privada. El circuito queda así cerrado: el Estado necesita las instalaciones, una sociedad vinculada a la familia presidencial las posee y la propia Administración paga por utilizarlas.
En los cinco casos analizados, ese mecanismo representa 815.162.400 F.CFA al año. Y aunque cada pago pueda aparecer administrativamente como un simple alquiler, la suma de las operaciones revela algo mucho mayor: una transferencia recurrente de recursos públicos hacia una sociedad vinculada directamente, desde su constitución, a la familia que gobierna Guinea Ecuatorial.
1 Comment
Enhorabuena a Diario Rombe, por el gran trabajo de investigación que está haciendo desde hace tantos años.
Especialmente, todos estos casos que va publicando diariamente sobre la Tesorería, son excelentes.
Está claro que el modus operandi de la gran mayoría de miembros y ex miembros de Gobierno es siempre el mismo.
Ninguno tiene la más mínima capacidad intelectual, ni empresarial, de crear y gestionar un negocio real.
Es todo robar y robar, sin límite.
De que sirve que el VicePresidente venga a vender la imagen de perseguidor de la corrupción, si él es el primero que se llena los bolsillos a dos manos, robando dinero.
No sirve de nada.
Pura estrategia demagógica, simplemente con tinte político para ir quitando de en medio a quien no le interese, como posible competencia para el futuro del país.
Como sabe que todos roban, lo tiene fácil para identificar y perseguir a sus adversarios.
Lo que me parece más asombroso es la cantidad de empresas de multiservicios de miembros de todo tipo que hay creadas para despilfarrar el dinero.
Pero lo más curioso, es que ninguno tiene la brillantez de decir: bueno, este dinero lo estoy robando, pero voy a disimular, es decir, voy a pagar mis impuestos que toquen con la empresa y que haya una actividad real de mantenimiento, para que así a futuro, nadie me pueda acusar de nada.
Nada, a robar a dos manos como si fuese un sueldo vitalicio de por vida, al que tienen derecho. Sin palabras.
Una pena, no hay interés ninguno en hacer realmente un gran país, donde sus ciudadanos se sientan orgullosos.
Es un país con función de finca particular donde antes al menos dejaban caer las migajas para que la población pudiese intentar mantenerse.
Pero ahora ni eso.
Ya no hay pan, ni migajas.
Solo estafadores.